SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS

Loving vs. Virginia

En 1967, la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica emitió la histórica sentencia Loving vs. Virginia, un caso emblemático sobre derechos civiles, en el cual se sentó jurisprudencia invalidando las leyes que prohibían el matrimonio interracial en dicho país.

En este caso, Richard Loving (un trabajador de ascendencia irlandesa nativo de Virginia) contrajo matrimonio con Mildred Jeter (mujer de ascendencia nativa y afroamericana). Ambos fueron condenados a un año de cárcel en Virginia por haberse casado, pues su matrimonio vulneraba las leyes antimestizaje del Estado. Sin embargo, un juez suspendió la pena con la condición de que no volvieran juntos o al mismo tiempo a dicho Estado durante 25 años. Los Loving aceptaron y se declararon culpables de ir contra la Racial Integrity Act de 1924, que prohibía todo matrimonio entre personas clasificadas como «blancas» con personas clasificadas como «de color».

La Corte Suprema determinó de forma unánime que tal prohibición era inconstitucional, dando marcha atrás con respecto al criterio del caso Pace contra Alabama (1883) y puso fin a toda restricción legal del matrimonio basada en la raza en el país. El fallo provocó un aumento de los matrimonios interraciales en los Estados Unidos de Norteamérica y se conmemora anualmente cada 12 de junio con el “Loving Day”.

La sentencia marcó un precedente importante en el camino hacia la igualdad en el matrimonio y la lucha contra el racismo. Asimismo, desde 2013 comenzó a citarse como precedente en discusiones relativas a las restricciones al matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos, incluyendo el fallo de 2015 del caso Obergefell vs. Hodges que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

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Brown vs. Board of Education of Topeka

En 1954, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió esta histórica sentencia , la cual declaró como inconstitucionales a las leyes estatales que establecían escuelas separadas para estudiantes afroamericanos y estadounidenses, pues negaban la igualdad de oportunidades educativas.

El fallo fue dictado de forma unánime por la famosa Corte Warren y estableció que las “instalaciones educacionales separadas son inherentemente desiguales”. Con ello, la Corte Suprema revocó los precedentes existentes desde Plessy vs. Ferguson en 1896.

Como resultado de esta sentencia, la segregación racial pasó a ser considerada como una vulneración de la Cláusula sobre Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Esta sentencia abrió el camino para alcanzar los derechos civiles para los afroamericanos.

Esta sentencia es un ejemplo de la materialización del derecho a la no discriminación.

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West Coast Hotel vs. Parrish

En 1937, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió esta histórica sentencia, cuya importancia radica en que declaró constitucional la ley que garantiza el acceso a un salario mínimo a nivel nacional. Esta decisión revocó los precedentes de Adkins vs. Children’s Hospital (1923), en los que se determinó que el Estado no podía intervenir en la «libertad de contrato» entre empleadores y trabajadores.

El caso surgió cuando Elsie Parrish, una empleada de la compañía West Coast Hotel, que percibía sus retribuciones por debajo del salario mínimo establecido en la legislación estatal, interpuso una demanda de reclamación de cantidad por la diferencia económica entre el salario abonado y la cantidad estipulada legalmente como salario mínimo.

El presidente del Tribunal Supremo, Charles Evans Hughes, dictaminó que la Constitución permitía la restricción de la libertad de contratación por ley estatal cuando dicha restricción protegía la seguridad de los grupos vulnerables.

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Miranda vs. Arizona

En 1966, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió esta histórica sentencia, cuya importancia radica en que ha determinado que en diversos códigos procesales penales se consagren cuatro derechos de la persona que es detenida por la policía.

En esta sentencia se declaró que las personas detenidas deben ser informadas de los siguientes derechos que le otorga la Quinta Enmienda de la Constitución Federal de los Estados Unidos, antes de que preste su interrogatorio policial. Son los conocidos #DerechosMiranda, o la advertencia Miranda: I) Tiene derecho a guardar silencio. II) Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal judicial. III) Tiene derecho a contar con un abogado. IV) Si no puede pagar un abogado, el tribunal le asignará uno.

Nuestro Código Procesal Penal, de corte acusatorio, regula los tres primeros, en el inciso 2, del artículo 71. Estas garantías, a las que se agregan otras, producto de la evolución de los derechos en el marco de un debido proceso penal, se extienden desde el inicio de las investigaciones hasta la culminación del proceso.

Estos derechos le serán puestos en conocimiento de manera inmediata por parte de los efectivos de la Policía Nacional, fiscales y jueces. Como nuestro Estado es pluricultural, tal puesta en conocimiento debe ser hecha de forma comprensible, (con intérprete).

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Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization

Esta sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, un fallo que deja sin efecto la histórica sentencia conocida como Roe vs. Wade, la cual garantizaba la protección y rango constitucional a la autodeterminación y #libertad de la mujer para interrumpir su embarazo. 

Con fines de estudio y para su comparación respectiva, publicamos la mencionada sentencia, contribuyendo así al debate académico respecto a un tema relevante y actual. Puedes leer la sentencia completa aquí